¿Qué define un «buen uso» de la IA en una institución dedicada al libre acceso a la información?
Que la tecnología amplíe la libertad del individuo para acceder a la información, no que la sustituya por un criterio centralizado que decide qué es lo «correcto» que debe ver. Una biblioteca pública nació precisamente para evitar que alguien con poder decidiera qué podía leer el ciudadano. Si ahora metemos un algoritmo que cura, prioriza o «corrige» lo que la gente busca, hemos recreado exactamente el problema que la institución bibliotecaria vino a resolver. Buen uso de la IA es el que multiplica opciones y deja la decisión final en manos de la persona. Mal uso es el que la sustituye por la de un modelo, por bienintencionado que parezca quien lo entrena.
¿Cómo formar al personal en tiempo récord para que sean supervisores críticos de la IA y no solo usuarios?
Lo primero es quitarles la idea de que su función es «aplicar» lo que dice la herramienta. Su función es dudar de ella. Un bibliotecario crítico es, en el fondo, un escéptico profesional: alguien que no delega su juicio en una autoridad, humana o algorítmica, solo porque suene convincente. Eso se entrena rápido si se les dan casos reales donde la IA se equivoca con confianza, porque ahí es donde se entiende que la responsabilidad última sigue siendo suya, no de la máquina. No hace falta un máster en IA para eso; hace falta reforzar la idea de que ninguna autoridad, tampoco la tecnológica, sustituye el criterio propio.
¿Qué papel juega la transparencia algorítmica en la confianza del ciudadano hacia la biblioteca?
Es esencial, y no por una cuestión de cumplimiento normativo, sino de principios: el ciudadano tiene derecho a saber por qué una institución pública le muestra una cosa y no otra. Sin esa transparencia, el algoritmo se convierte en una autoridad opaca que decide por la gente sin que nadie pueda cuestionarlo. Una biblioteca que explica su criterio está haciendo lo contrario de lo que hacen la mayoría de las plataformas privadas hoy, que operan como cajas negras que nadie puede auditar. Ahí está su ventaja: puede ofrecer al ciudadano algo que ya casi no existe en ningún otro sitio, que es la posibilidad de entender y cuestionar cómo se decide lo que ve. Eso sí, pero siempre desde la no regulación, no debemos obligar a las empresas privadas a modificar sus decisiones empresariales.
¿Qué esperas de las XXIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía?
Espero que la conversación no gire solo en torno a qué herramienta usar, sino en torno a quién decide y quién controla. La IA en manos de instituciones públicas plantea una pregunta que a mí me parece central: cómo evitamos que la eficiencia técnica se convierta en una excusa para concentrar más poder de decisión sobre lo que la gente puede o no puede consultar. Me interesa mucho más ese debate que el catálogo de funcionalidades de turno.
¿Qué opinión te merece el trabajo de la AAB en favor de la profesión?
Me parece un ejemplo de algo que valoro mucho: una asociación profesional independiente trabajando desde 1981 para contribuir al desarrollo bibliotecario en Andalucía y defender los intereses de sus profesionales, sin depender de que sea una administración quien marque la agenda del sector. Ese es precisamente el modelo que funciona: profesionales organizándose entre ellos para elevar el nivel de su propio oficio, en lugar de esperar a que venga una directriz de arriba. Cuando veo que además la propia asociación empuja temas como la lucha contra la desinformación o el pensamiento crítico ante la IA, confirmo que el impulso más sólido para modernizar una institución pública no suele venir de un mandato burocrático, sino de quienes están todos los días al pie del mostrador y deciden no conformarse.
